Corte Suprema de EE. UU. deja en pie el fin del cierre administrativo de casos de deportación
Washington — La Corte Suprema de Estados Unidos se negó este martes a restablecer la facultad de los jueces de migración para suspender temporalmente casos de deportación, una práctica conocida como cierre administrativo, con lo que deja en vigor el acuerdo entre el Gobierno del presidente Donald Trump y el estado de Texas que la prohíbe.
Los magistrados rechazaron una solicitud de emergencia presentada por las ciudades de Baltimore, New Haven (Connecticut) y Columbus (Ohio), junto al proveedor de servicios legales Centro Legal de la Raza, para suspender por ahora ese acuerdo mientras continúa el litigio. La decisión, una orden breve sin explicación, no tuvo ningún desacuerdo público, según Reuters.
El cierre administrativo permitía a los jueces retirar casos de sus listas activas sin desestimarlos, por ejemplo cuando la misma persona tenía pendiente otro trámite que podía impedir su deportación, como una petición de visa o la apelación de una condena penal. La herramienta se usó durante décadas y se aplicó en cientos de miles de casos.
El Gobierno de Trump y Texas sostienen que la práctica permitía que personas sin estatus legal permanecieran en el país de forma indefinida, lo que describen como una amnistía encubierta. Sus defensores, en cambio, argumentan que ayuda a gestionar los tribunales y protege a personas que esperan decisiones en procesos relacionados, entre ellas víctimas de delitos y menores abandonados.
La disputa nace de una norma de 2024 del Gobierno de Biden que codificó el cierre administrativo; en 2025, el Departamento de Justicia de Trump anunció que no la defendería.
El 22 de junio, el día en que Texas demandó el procedimiento, el estado y el Gobierno federal pidieron al juez Reed O'Connor, de Wichita Falls, que aprobara un acuerdo declarando ilegal la norma de Biden; O'Connor lo hizo ese día y la bloqueó en todo el país. Posteriormente, la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito, con sede en Nueva Orleans, se negó a suspender el acuerdo mientras se apela la decisión de O'Connor.
Las ciudades y Centro Legal de la Raza argumentaron ante la Corte Suprema que el Gobierno eludió la ley federal que regula los procedimientos de las agencias al recurrir a un litigio, según ellas, fabricado junto a Texas, un estado ideológicamente afín, para eliminar una regulación que no le gustaba. “La necesidad de una medida provisional se ve subrayada por la colusión que infectó esta demanda desde su inicio”, escribieron en su presentación.
Foto: Archivo A Lo Claro
Fuente: Reuters
