Estados Unidos: dos jueces ordenan usar el fondo de contingencia para mantener los pagos de SNAP en noviembre
Washington — Dos jueces federales dictaminaron este sábado 31 de octubre que el Gobierno del presidente Donald Trump está legalmente obligado a usar el fondo de contingencia del Departamento de Agricultura (USDA) para mantener al menos parte de los pagos del programa de ayuda alimentaria SNAP, en un giro judicial que sigue a la nota publicada ayer en este periódico sobre el riesgo de que los beneficios de noviembre no se pagaran.
En Boston, una jueza federal determinó que la negativa de la Administración a usar el fondo de contingencia era «contraria a la ley» y calificó de «erróneo» el argumento de que no podía utilizarse durante el cierre del Gobierno. La jueza dio al USDA hasta el lunes 3 de noviembre para presentar un plan con el que emitir al menos pagos parciales a los beneficiarios, según la Coalición Nacional de Vivienda para Personas de Bajos Ingresos (NLIHC).
En un fallo separado, emitido más tarde el mismo sábado, un juez federal de Rhode Island otorgó una orden de restricción temporal que obliga a la Administración a realizar al menos pagos parciales. Ese juez dio al Gobierno hasta el final del día 3 de noviembre para efectuar pagos completos, o hasta el 5 de noviembre para presentar una forma viable de administrar beneficios parciales.
SNAP brinda ayuda alimentaria a unos 42 millones de personas de bajos ingresos, cerca de uno de cada ocho estadounidenses, en su mayoría familias con niños, personas con discapacidad, adultos mayores, cuidadores, estudiantes y trabajadores con salarios bajos, según la NLIHC. El fondo de contingencia contiene alrededor de 4,600 millones de dólares, mientras un mes completo de SNAP cuesta entre 8,500 y 9,000 millones, por lo que los pagos alcanzables serían parciales.
El cierre del Gobierno federal llegó este sábado a su día 34 y se encamina a superar el récord actual de 35 días, mientras el Congreso no ha aprobado los proyectos de financiamiento para el año fiscal 2026 ni una resolución continua. La NLIHC advirtió además que la ayuda energética para hogares de bajos ingresos (LIHEAP), que atiende a 6.2 millones de hogares, también sigue trabada por la falta de personal en el Departamento de Salud durante el cierre.
Foto: AP
