El presidente Donald Trump ha propuesto desmantelar el Departamento de Educación de Estados Unidos, argumentando que su eliminación devolvería el control educativo a los estados y reduciría la burocracia federal. Esta iniciativa forma parte de una serie de reformas educativas que buscan reestructurar el sistema educativo del país.
Trump ha criticado al Departamento de Educación, calificándolo de «estafa» y señalando que Estados Unidos ocupa el puesto 40 en educación a nivel mundial. Considera que la agencia desperdicia recursos de los contribuyentes y se entromete en decisiones educativas locales. Además, ha expresado su intención de «drenar el pantano de la educación gubernamental» y detener el uso indebido de fondos públicos para «adoctrinar» a la juventud con ideas que, según él, no son deseadas por la sociedad.
Para llevar a cabo esta propuesta, la administración Trump está preparando una orden ejecutiva que instruiría al Secretario de Educación a iniciar el proceso de desmantelamiento del departamento. Sin embargo, expertos legales señalan que la eliminación de una agencia federal requiere la aprobación del Congreso, lo que podría complicar la implementación de esta iniciativa.
El Departamento de Educación es responsable de distribuir miles de millones de dólares en fondos federales a escuelas y universidades, además de gestionar programas de préstamos estudiantiles y garantizar la aplicación de leyes de derechos civiles en instituciones educativas. Su desmantelamiento podría afectar la financiación de la educación pública, especialmente en comunidades de bajos ingresos, y trasladar la responsabilidad de estos programas a los estados o a otras agencias federales.
La propuesta ha generado diversas reacciones. Mientras algunos conservadores apoyan la idea de reducir la intervención federal en la educación, otros advierten sobre las posibles consecuencias negativas para la equidad y la calidad educativa. Además, la implementación de esta medida enfrentaría desafíos políticos y legales significativos, dado que suprimir una agencia federal de esta magnitud es un proceso complejo que requiere consenso legislativo.