República Dominicana: seis de cada diez hogares no logran costear una vivienda adecuada, reconoce el Mivhed
Santo Domingo, República Dominicana — Alrededor del 60% de los hogares dominicanos, correspondientes a los tres primeros quintiles de ingresos, enfrenta serias dificultades económicas para acceder a una vivienda adecuada, según reconoció el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mivhed) durante un seminario nacional celebrado en la capital.
El dato lo presentó Rafael Alejandro Morel, director del viceministerio de Vivienda y Hábitat, en el encuentro organizado por Ciudad Alternativa para evaluar la política de vivienda de los últimos cinco años. Morel explicó que el costo de adquirir una vivienda excede la capacidad financiera de gran parte de las familias, y que las condiciones del financiamiento hipotecario figuran entre las principales barreras.
Según los parámetros oficiales, una familia debería destinar entre el 30% y el 33% de sus ingresos para cubrir el costo de una vivienda. Sin embargo, los hogares de menores ingresos no alcanzan siquiera ese umbral. Morel señaló además el precio de los terrenos y las limitaciones de la planificación territorial, pero insistió en que el financiamiento es el obstáculo más importante: las barreras estructurales para acceder al crédito y su alto costo hacen que muchas familias terminen pagando más en intereses que en el valor mismo de la vivienda.
Como ejemplo, mencionó que durante el diseño del programa Mi Vivienda se seleccionó inicialmente un grupo de 500 posibles beneficiarios, pero las dificultades para acceder al crédito impidieron avanzar como se había previsto. Frente a esas limitaciones, el Mivhed anunció que trabaja en un programa llamado Vivienda Solidaria, orientado a facilitar el acceso al financiamiento sin depender exclusivamente de la banca tradicional, con viviendas cooperativas gestionadas por cooperativas y fideicomisos que permitan a organizaciones sociales acceder a créditos. El funcionario no especificó fechas para su implementación ni los recursos asignados.
En el mismo panel, la investigadora Jenny Torres, especialista en pobreza, género y políticas públicas, advirtió que la respuesta estatal sigue siendo insuficiente frente a un déficit superior a las 300,000 viviendas: construir entre 15,000 y 24,000 unidades en seis años no guarda proporción con la dimensión del problema. Torres criticó además que programas como Familia Feliz y Mi Vivienda beneficien sobre todo a familias con capacidad crediticia, y que las políticas se limiten a entregar edificaciones sin garantizar servicios básicos, empleo y medios de vida en el entorno, como ocurrió, según denunció, con los reasentamientos de la presa de Monte Grande.
