La procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, considera que la permanencia en la dirección de una institución tan delicada no debería depender de la voluntad de quien le nombra y puede removerse a discreción.
“Constituye una inconsistencia lógica y formal que la persona que ocupe la Procuraduría General de la República, como máximo representante del Ministerio Público, carezca de protección institucional para la permanencia en el cargo por un plazo determinado”, dijo la ex jueza antes de citar el Banco Central, la Cámara de Cuentas y el Defensor del Pueblo como ejemplos contrarios. La alternativa que propuso la magistrada durante la rendición de cuentas de lo que va de su gestión es la institucionalización del cargo y los procesos para ocuparlo.
En su discurso, Germán Brito afirmó que no se subordinarán a ningún órgano infraconstitucional, ni permitirá el control administrativo aunque siempre actúen en el marco de la cooperación horizontal entre los poderes y los órganos del Estado. De lo contrario, comprometería la autonomía que nos la Constitución.
Según la magistrada, aunque la autonomía que la Constitución atribuye al Ministerio Público es complementada por una Ley Orgánica que no deja espacio para instrucciones o interferencias del Poder Ejecutivo, esto no significa que no deba mantener relaciones de coordinación con otros órganos e instituciones del Estado, ya que estas acciones e interrelaciones son necesarias.